La orden anterior de Evers de hacer frente a la pandemia de COVID-19, seguida de la extensión de Palm, ha dividido drásticamente al Estado, de Wisconsin dando lugar a protestas.
La Corte Suprema de Wisconsin dictaminó que la orden del Estado “Safer at Home” (Más seguro en Casa) para combatir el COVID-19 es “inaplicable” porque la secretaria del Departamento de Servicios de Salud que la firmó no involucró a la Legislatura estatal: “La Orden de Emergencia 28 de la secretaria del DHS, Andrea Palm, se declara ilegal, inválida e inaplicable”, escribió el tribunal.
Puede leer la decisión aquí. Esta fue publicada el 13 de mayo. Si la administración del gobernador demócrata Tony Evers emite una nueva orden, ahora tiene que pasar por el comité de reglamentación de la Legislatura estatal, que es controlado por los republicanos, dictaminó el tribunal. La corte se dividió en gran medida en líneas partidistas siendo todos los jueces en su mayoría del ala conservadora.
Aquí se puede ver la biografía de Palm. La funcionaria anteriormente trabajó como consejera principal de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. en Washington D.C. y fue asesora principal de políticas de salud de la entonces senadora Hillary Clinton.
El tribunal eligió no otorgar la extensión de la suspensión de 6 días que buscaba la Órden. Las órdenes locales en algunas áreas, como la ciudad de Milwaukee, todavía están vigentes.
La orden anterior de Evers de hacer frente a la pandemia de COVID-19, seguida de la extensión de Palm, ha dividido drásticamente al Estado, dando lugar a protestas.
La primera disposición de la Orden se emitió el 12 de marzo de 2020 y se llamó “Declaratoria de una emergencia de salud en respuesta al coronavirus COVID-19”. Sin embargo, esta no fue el tema de la decisión del tribunal, pues ya había expirado.
El tribunal señaló: “Si tuviéramos que leer la definición de “Regla” como sugiere Palm, de que una persona, Palm, un funcionario no electo, podría crear una ley aplicable a todas las personas durante el curso de COVID-19 y someter a las personas a prisión cuando desobedecieran su orden”.
Según la mayoría de la corte, “Palm no puede señalar ninguna garantía procesal
que legitima el poder que ella reclama. En su argumento oral, ella continuamente hizo referencia a la revisión judicial; pero la revisión judicial solo se lleva a cabo después de que se hace un alegato de los derechos de un individuo han sido violados”.
En su concepto de disidencia, la jueza Rebecca Dallet escribió que “la mayoría llega a su conclusión al torturar el lenguaje sencillo de Wis. Stat. §252.02 (2017-18) 1 y hacer caso omiso por completo de los poderes estatutarios amplios y de larga data que la propia Legislatura otorgó al Departamento de Servicios de Salud (DHS) para controlar un nuevo contagio como el COVID-19.
Brian Hagedorn, un juez de afiliación conservadora, quien también disintió, señaló: “A algunos les gustaría caracterizar este caso como una batalla sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo para determinar: Puede funcionario de la rama ejecutiva realmente puede cerrar negocios, limitar los viajes y prohibir reuniones públicas?.
Estas son preguntas importantes con seguridad, pero no se trata de eso en este caso. Ninguna de las partes ha planteado o desarrollado tal reclamo”. También señaló: “la legislatura no ha alegado, ni puede identificar, ningún daño a la legislatura como un órgano constitucional para el cual este tribunal deba conceder una reparación”.
Esto es lo que necesita saber:
La Legislatura solicitó a la corte que invalidara la orden y la corte accedió diciendo que Palm “no siguió la ley”
La Legislatura de Wisconsin solicitó al tribunal una acción contra la Secretaria Designada Andrea Palm, quien firmó la Orden 28 porque la orden anterior “Safer at Home” no podía extenderse más de 60 días sin incluir la Legislatura. Y Palm precisamente dictó su orden sin incluir a la Legislatura.
Pat Roggensack emitió la opinión mayoritaria. Los jueces conservadores Annette Ziegler, Rebecca Bradley y Dan Kelly se unieron en la mayoría. Ann Walsh Bradley presentó una opinión disidente, a la que se unió Rebecca Dallet. El juez Brian Hagedorn también presentó una opinión disidente.
La Corte determinó que la Orden de Emergencia 28 de Andrea Palm “es una regla que se somete al precedente de control de este tribunal … y, por lo tanto, está sujeta a los procedimientos legales de reglamentación de emergencia establecidos por la Legislatura”.
El tribunal agregó: “En consecuencia, los procedimientos de reglamentación de Wis. Stat. §227.24 debían seguirse durante la promulgación de la Orden 28. Debido a que la Orden de Emergencia 28 no siguió la ley, esta no se puede ejecutar”.
El tribunal agregó: “Debido a que Palm no siguió la ley al crear la Orden 28, no puede haber sanciones penales por violaciones de su orden”.
El tribunal agregó: “No concluimos que Palm no tenía ningún poder para actuar frente a esta pandemia. Sin embargo, Palm debe seguir la ley que es aplicable a emergencias estatales. Llegamos a la conclusión de que la orden de Palm de limitar a todas las personas a sus hogares, prohibir los viajes y cerrar negocios excedió la autoridad estatutaria de Wis. Stat. §252.02 en la que Palm se basó para dar la órden”.
La Corte determinó que “los delitos creados por la Legislatura en los estatutos deben tener especificidad para ser ejecutables
Roggensack escribió: “Este caso trata sobre la afirmación del poder por parte de un funcionario no electo, Andrea Palm, y su … Orden a todas las personas dentro de Wisconsin de permanecer en sus hogares, no viajar y cerrar todos los negocios que ella declara que no son “esenciales” en la Orden de Emergencia 28. Palm dice que el incumplimiento de la Orden 28 somete al transgresor a prisión por 30 días y una multa de $250 o ambas. Este caso no es sobre la Orden de Emergencia del Gobernador Tony Evers o los poderes del Gobernador.
La decisión de la Corte dice que la Legislatura presentó una petición de emergencia afirmando que Palm como Secretaria designada del Departamento de Servicios de Salud (DHS) “violó la ley cuando emitió la Orden de Emergencia 28 después de no seguir los procedimientos de reglas de emergencia requeridos” bajo los estatutos de Wisconsin y que incluso si no se requería la reglamentación, “excedió su autoridad al ordenar que todos se quedaran en casa, cerrar todos los negocios ‘no esenciales’, prohibir las reuniones privadas de cualquier número de personas que no son parte de un solo hogar y prohibir todos los “viajes no esenciales”. Palm respondió que “La Orden de emergencia 28 no es una regla. Más bien, es una Orden, totalmente autorizada por los poderes que la Legislatura asignó al DHS bajo Wis. Stat. §252.02”.
El caso giraba en torno a la cuestión del poder de la secretaria del DHS para actuar en una emergencia de salud sin soportes legislativos y hasta dónde podía llegar. El objetivo de la Legislatura era ser partícipes de la decisión, “tener un asiento en la mesa”.
La Legislatura no hizo un desafío constitucional en este caso. Durante los argumentos orales, el abogado de la Legislatura dejó en claro que los legisladores no estaban desafiando las cuestiones de libertad de expresión, religión, reunión, etc. Lo que el abogado de la Legislatura argumentó es que los legisladores podrían elaborar algo que cumpliría con los requisitos constitucionales si tuvieran un asiento en la mesa.
Las preguntas ante el tribunal fueron preguntas complicadas pero importantes sobre la naturaleza de una orden versus una regla y conceptos como el orden general de aplicación general. El abogado de DHS por su parte, le dijo a la Corte Suprema durante los argumentos orales que mucha gente podría morir si la corte invalidaba la orden de Palm.
La Legislatura reconoció que DHS tenía el poder de prohibir grandes reuniones públicas y cerrar escuelas. Durante los argumentos orales, algunos de los jueces conservadores parecían centrarse en la cuestión de cómo una funcionaria no elegida como Palm podría tener el poder de crear una orden que incluyera una sanción penal cuando no hay estatuto legislativo creado en los libros que especifique la conducta subyacente como criminal ( es decir, abrir una pequeña empresa o viajar por razones no esenciales desafiando la orden).
Cuestionaron también a qué estatuto podrían recurrir que describiera la supuesta conducta delictiva si alguien condenado por tal delito les presentaba una queja y cuestionaron cómo un secretario del DHS podría criminalizar una conducta que no estaba especificada por la Legislatura.
Durante los argumentos orales, el abogado de DHS comparó COVID-19 con un incendio forestal y al DHS con un departamento de bomberos. Dijo que la intención legislativa al autorizar al DHS a emitir órdenes sobre emergencias de salud pública era permitir una pronta reacción ante una situación de inmediata emergencia.
Comparó esto con un departamento de bomberos que necesita hacer cumplir la evacuación obligatoria o incluso derribar una casa para construir una barrera contra incendios para detener un incendio forestal que se mueve rápidamente.
Durante esos argumentos, la juez Rebecca Bradley expresó su profunda preocupación por la falta de límites en los poderes de la secretaria del DHS no elegidos. Trajo a colación los campos de concentración japoneses para cuestionar cuán lejos podría llegar el poder no controlado de Palm si el tribunal lo confirmaba.
Se cuestionó por qué Evers y Palm no recurrieron simplemente a la Legislatura, ya que todo esto se desarrolló hace apenas semanas. Se expresó sería preocupación acerca de que un secretario no elegido del DHS sin responsabilidad directa ante el electorado pudiera llegar tan lejos para emitir la orden más contundente en la historia del estado.
También se planteó la preocupación sobre la incapacidad de la Legislatura para actuar lo suficientemente rápido en un brote rápido y el abogado del DHS también afirmó que le era imposible a la Legislatura prever todos los escenarios posibles.
El abogado de la Legislatura se centró en el argumento sobre si la orden requería la inclusión de la Legislatura porque no está no detallaba entidades específicas, sino que se aplicaba de manera radical a todos en el estado. Admitió que se podría haber emitido una orden más concisa para decir que solo el condado de Milwaukee podría haber sido permitido dependiendo de cómo se hubiese redactado.
En su decisión, el tribunal señaló que el “punto clave” del caso de la Legislatura fue que la Orden de Emergencia 28 “fue promulgada sin seguir los procedimientos legales obligatorios aplicables a una emergencia”.
El tribunal también señaló que estaba eligiendo no “definir el alcance preciso de la autoridad del DHS bajo Wis. Stat. §252.02 (3), (4) y (6) porque claramente la Orden 28 fue demasiado lejos”.
En su opinión Rebecca Bradley escribió: “Sin embargo, con buenas intenciones, la secretaria designada del Departamento de Servicios de Salud excedió sus poderes al ordenar a la gente de Wisconsin que siguiera sus órdenes o enfrentara encarcelamiento por incumplimiento … De hecho, es precisamente en medio de emergencias que la limitación del poder del gobierno es la más importante”.
En su acuerdo, Kelly escribió que Palm “tomó el control de una franja increíblemente amplia de las vidas y actividades de cada individuo y empresa en el estado de Wisconsin”.
Este es el original en inglés de Heavy.com
