El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a Donald Trump a solicitar la deportación de presuntos pandilleros venezolanos, basándose en una ley de 1798 que históricamente solo se ha empleado en tiempos de guerra como parte de la línea dura del presidente republicano hacia la inmigración, pero con ciertas limitaciones.
Aunque la administración afirma que el fallo es una victoria, los jueces ordenaron que a los deportados se les debe dar la oportunidad de impugnar su expulsión.
Así es, los detenidos “deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión según la Ley. La notificación debe proporcionarse dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar efectivamente el hábeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que se produzca dicha expulsión”, escribió la mayoría de los jueces.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett se unió a los tres jueces liberales de la corte para discrepar del fallo mayoritario. En su opinión disidente, escribieron que la conducta de la administración en este litigio “representa una amenaza extraordinaria para el Estado de derecho”.
Trump celebra el logró de poder usar la ley de 1798
Trump calificó el fallo como un “gran día para la justicia en Estados Unidos”. “La Corte Suprema ha defendido el Estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio país”, escribió el presidente en su red Truth Social.
La ACLU también calificó el fallo como “una gran victoria”. “Nos decepciona tener que reiniciar el proceso judicial en una sede diferente, pero el punto crucial es que la Corte Suprema afirmó que las personas deben tener el debido proceso para impugnar su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, declaró el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt, en un comunicado a medios estadounidenses.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para deportar rápidamente a los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, intentando acelerar las deportaciones con una ley más conocida por su uso para internar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Al menos 137 personas han sido deportadas por la administración Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida ampliamente condenada por grupos de derechos humanos.
