A partir de este lunes 6 de diciembre de 2021, Estados Unidos y México, reactivaron el programa “Quédate en México”, una política migratoria impulsada por la administración del ex presidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país azteca mientras esperan la aprobación de las autoridades migratorias.
‘Quédate en México’ produce fuertes críticas en contra del actual presidente Joe Biden, quien tiempo atrás fue duro crítico de esta política Trumpista al catalogarla de “peligrosa” e “inhumana”, y de la que dijo iba a acabar durante su administración. “Va en contra de todo lo que defendemos como una nación de inmigrantes”, dijo en su momento, Biden.
Un revés para Joe Biden
El fallo judicial a la demanda presentada tanto por el estado de Texas como el de Misuri, ambas bajo gobernanza republicana, fue un revés para el jefe demócrata, ya que desde el primer día en su cargo como máximo mandatario, decidió suspender el programa de su antecesor, en el año 2019 y durante el cual cerca de 70 mil personas indocumentadas que cruzaron la frontera, fueron deportadas al país vecino obligándoles a permanecer indefinidamente en este, mientras se daba diligencia a las peticiones de asilo represadas en las cortes.
Es de señalar, que, durante meses, hubo una serie de discusiones entre el gobierno Mexicano y el estadounidense acerca de las condiciones en las que se restablecería el programa. Así, el Secretario de Relaciones Exteriores Mexicano anunció que desde este lunes permitiría la deportación de migrantes, en cuanto que Estados Unidos se comprometiera a atender todas las preocupaciones del gobierno de la Cuarta Transformación.
Ahora, lo que el gobierno mexicano le está solicitando a la administración de Biden es que le proporcione recursos adicionales para acondicionar y crear albergues.
De hecho, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias, entre ellas la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios y que transcurran de la forma más expedita posible.
Entre tanto, varias organizaciones de México criticaron el no haber sido notificadas con anticipación sobre esta determinación. Dicen que el conflicto se produce porque ahora muchas personas van a tener que aumentar su estadía en los territorios fronterizos, demandando mayor asistencia social. Aducen que muchos refugios y campamentos están sobre poblados, más con la llegada de muchos ciudadanos haitianos que huyeron de la crisis social política y económica después del asesinato del presidente Moise.
“La capacidad de los albergues ha ido creciendo en proporción a la emergencia humanitaria”, expresa Gerardo Talavera, Director General de la Organización Casa Refugiados. “Muchas de las casas con las que colaboramos, empezaron atendiendo a 20 personas, y hoy atienden a unas 60 o 70”, señalando que “Nadie ha estado preparado para este movimiento migratorio, pero sí hay mucha voluntad y ganas de apoyar a las personas para que tengan una mejor ruta”.
¿Cómo funciona el MPP?
Según el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el programa se aplica “a los nacionales de cualquier país del hemisferio occidental que no sea México”. Esto significa que abarca a las Américas en su conjunto y por lo tanto a Haití y otros estados del Caribe.
¿Quiénes quedan exentos?
• Cualquier persona que demuestre una probabilidad razonable de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. O bien una posibilidad razonable de sufrir torturas en México.
• Los niños NO acompañados.
• Las personas vulnerables (enfermos, discapacitados o con problemas médicos por embarazo).
• Las personas de edad avanzada.
• Aquellos bajo riesgo por su orientación sexual o identidad de género.
• Los residentes permanentes legales y las personas con permiso de reingreso (autorizadas a volver a entrar en el país si salieran de él pese no tener estatus de residente permanente).
• Personas con antecedentes penales o de interés policial para Estados Unidos o México.
Durante el mandato de Trump ya quedaban excluidas las personas en “circunstancias especiales” (con problemas de salud física o mental, antecedentes penales o de violencia) y si un oficial de migración determinaba que tenía “más probabilidades” de sufrir tortura o persecución en México.
¿Cuáles son los beneficios?
Con el MPP de la administración Biden, se le garantiza a los migrantes el acceso a un abogado y a esperar una respuesta en un lugar seguro de la frontera y, si no fuera posible, en otras ciudades del interior de México. Así mismo, se le garantiza que en un plazo de no más de 180 días, es decir seis meses, los solicitantes al asilo ya reciban la aprobación o denegación a su solicitud. Además, se le garantiza el acceso a la atención médica y al plan de vacunación COVID.
Las autoridades velarán por la seguridad durante el traslado entre Estados Unidos y México y entre los albergues y los tribunales.
El DHS afirma que se respetará la unidad familiar, entendida como un grupo formado por al menos un menor acompañado de sus padres o tutores legales.
En el comunicado de los DHS se lee:
Tras la decisión independiente del Gobierno de México de aceptar a las personas devueltas de conformidad con el MPP, los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia resolverán los detalles operativos finales y comenzarán la reimplementación del programa ordenada por la corte el lunes 6 de diciembre o alrededor de esa fecha.
Una vez que estén en pleno funcionamiento, las inscripciones al MPP se llevarán a cabo a través de la frontera suroeste y los retornos a México se realizarán en siete puertos de entrada en San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. La guía de política aplicable está aquí.
Como lo requiere una orden judicial federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado trabajando de buena fe para volver a implementar el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Hoy, en coordinación con los Departamentos de Estado y Justicia, el DHS anunció cambios clave en el MPP para abordar las preocupaciones humanitarias planteadas por el Gobierno de México y compartidas por el Gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, ha declarado en repetidas ocasiones que el MPP tiene fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, retiró recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular.
Sin embargo, para cumplir con la orden judicial, el DHS estará listo para volver a implementar el MPP una vez que el Gobierno de México tome una decisión final e independiente de aceptar el regreso de las personas inscritas en el programa, sujeto a ciertas mejoras humanitarias. Estos cambios clave incluyen el compromiso de que los procedimientos generalmente concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México; oportunidades para que los afiliados aseguren el acceso y se comuniquen con un abogado antes y durante las entrevistas de no devolución y las audiencias en los tribunales de inmigración; procedimientos mejorados de no devolución; y un aumento en la cantidad y calidad de la información que reciben las personas inscritas sobre el MPP. El DHS excluirá a las personas particularmente vulnerables de inscribirse en el MPP. Además, el DHS proporcionará vacunas COVID-19 para todas las personas inscritas en MPP.
El gobierno de los EE.UU. trabajará en estrecha colaboración con el gobierno de México para garantizar que haya refugios seguros disponibles para los inscritos en MPP; que las personas que regresan bajo MPP tengan un transporte seguro desde y hacia los puertos de entrada de los EE. UU. y que los afiliados al MPP pueden buscar permisos de trabajo, atención médica y otros servicios en México.
El 29 de octubre de 2021, el secretario Mayorkas emitió un nuevo memorando anunciando y explicando su decisión de dar por terminado el programa. Esta Administración, sin embargo, permanece bajo una orden judicial que requiere que reimplemente MPP de buena fe, la cual cumplirá incluso mientras continúa impugnando enérgicamente el fallo.
Una vez que se levante la orden judicial, se dará por terminado el MPP.
La Administración sigue comprometida con la construcción de un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que defienda nuestras leyes y valores. El DHS también continúa procesando a las personas de acuerdo con la ley de los EE.UU. y nuestra misión.
El rechazo de los defensores de los Derechos Humanos
Nicole Ramos, Directora de la Organización de asistencia legal a migrantes ‘Al Otro Lado’ manifestó que “nosotros no vamos a apoyar (la medida) porque no vamos a legitimar un programa que es ilegal”. Y agregó que “vamos a exigir el restablecimiento del derecho al asilo”, informó El Heraldo.
La abogada también se cuestionó que “la agencia más grande de Estados Unidos, con más de 60.000 oficiales, diga que no tiene capacidad para atender solicitudes de asilo y tenga que hacer esperar en claro peligro en México a miles de familias migrantes”.
Entre sus dudas también está “cómo es que el país más poderoso en el mundo, que gasta miles de millones de dólares en ir a una guerra por petróleo, no pueda destinar recursos para proteger a familias pobres que buscan su refugio al huir de la violencia”.
Finalmente, Kennji Kizuka, analista e investigador de la organización ‘Human Rights First’ (HRF), advirtió que “sin importar la forma en que la Administración Biden trate de adornar el nuevo MPP (Protocolos de Protección a Migrantes, en español), no hay forma de realizar la implementación de manera humana y segura”.
“Al restablecer esta medida habrá más secuestros, habrá más violencia contra las familias, adultos, y niños que tratan de buscar seguridad en EE.UU.”, agregó Kizuka.
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