Este miércoles 10 de mayo, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis firmó el proyecto de ley del Senado 1718, aprobado mayoritariamente por la Legislatura republicana, catalogado por organizaciones de inmigrantes como un ataque directo a miles de familias sin papeles que viven en ese estado, y como una normativa para frenar la “inmigración ilegal y combatir la crisis fronteriza de Biden”, por parte de sus defensores.
Y aunque la nueva ley está plagada de duras especificaciones que harán más difícil la vida de inmigrantes indocumentados en esa parte de Estados Unidos, uno de los puntos que más preocupa tiene que ver con la restricción de acceso a trabajos por parte de personas sin papeles.
Actualmente, a pesar de que las normas federales prohiben que indocumentados trabajen en el país sin autorización, en la realidad millones lo hacen, ya que su mano de obra es vital para miles de negocios e industrias.
Pero esto cambiará desde el próximo 1 de julio, pues en la apodada Ley anti-inmigrante DeSantis, se ordena que los empleadores verifiquen que los documentos de trabajo que presentan los trabajadores son reales y válidos para laborar en el país, o de lo contrario serán duramente castigados.
“La Legislación hace que el uso del sistema E-Verify (plataforma donde se corroboran datos y papeles de empleados) sea obligatorio para cualquier empleador con 25 o más empleados”, aseguró la oficina del Gobernador DeSantis. “El empleador deberá mantener la documentación de autorización de empleo durante 3 años”.
“Este proyecto de ley también amplía las sanciones para los empleadores que no cumplan con los requisitos de E-Verify, incluida la posible suspensión y la revocación de las licencias de los empleadores y la imposición de sanciones específicas a los empleadores que a sabiendas emplean a extranjeros ilegales”, agrega la ley.
La firma de abogados Lasnetski Gihon Law, que opera en Jacksonville, Florida, advirtió que además “la legislación permite auditorías aleatorias de empresas sospechosas de emplear trabajadores indocumentados”.
Los expertos en leyes explicaron que el panorama luce tan serio para los empleadores que contraten a indocumentados en Florida, donde se estima viven casi 800,000 inmigrantes sin papeles, que señala que tras una primera infracción de patronos que den trabajo a empleados sin autorización, “serán puesto en un año de libertad condicional, con informes trimestrales”. Asimismo, se “autoriza la suspensión o revocación de la licencia del empleador por una infracción posterior dentro de los 24 meses de una infracción inicial con suspensión creciente, dependiendo del número de empleados no autorizados”.
Y para los trabajadores que se empleen con documentos falsos, la ley advierte que estará cometiendo un delito grave de tercer grado punible, con cárcel de hasta cinco años.
Asimismo, a partir del 1 de julio, de acuerdo a la firma de abogados Lasnetski Gihon Law, “una agencia pública de Florida no puede celebrar un contrato a menos que el contratista y los subcontratistas se registren y usen el sistema E-Verify y un subcontratista debe proporcionarle al contratista una declaración jurada que indique que el subcontratista no emplea a ningún extranjero no autorizado”.
“La crisis fronteriza de Biden ha causado estragos en los Estados Unidos y ha puesto en peligro a los estadounidenses”, dijo el gobernador republicano, quien tiene aspiraciones presidenciales, y de quien aseguran en las próximas semanas anunciará su campaña por la Casa Blanca.
“En Florida, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno federal abandona sus deberes legales de proteger a nuestro país. La legislación que firmé hoy otorga a Florida las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país, luchando contra las políticas imprudentes del gobierno federal y asegurando que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración ilegal”, comentó DeSantis tras firmar la nueva ley.
