El sábado 15 de marzo, un juez federal bloqueó temporalmente un intento del presidente Donald Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de una pandilla venezolana a la que acusa de infiltrarse ilegalmente en el país. También ordenó que todos los vuelos de deportación que transportaran a personas sujetas a la proclamación presidencial regresaran a Estados Unidos.
La Casa Blanca emitió el sábado una proclamación presidencial dirigida contra los miembros venezolanos de la pandilla Tren de Aragua, declarando: “Tren de Aragua (TdA) es una Organización Terrorista Extranjera designada con miles de miembros, muchos de los cuales se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están librando una guerra irregular y llevando a cabo acciones hostiles contra el país”.
Las organizaciones de libertades civiles han acusado a Trump de invocar ilegalmente la Ley de 1798 en tiempos de paz para acelerar las deportaciones masivas y eludir la ley de inmigración.
El juez federal de distrito, James Boasberg, ordenó una pausa de 14 días en las deportaciones, según la proclamación de Trump, mientras considera si el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fue ilegal. También exigió la devolución inmediata de los aviones que ya se dirigían a Centroamérica. “Dadas las circunstancias apremiantes de las que [el tribunal] ha tenido conocimiento esta mañana, ha determinado que se justifica una orden inmediata para mantener el status que hasta que se pueda programar una audiencia”, escribió Boasberg en su orden.
🚨Presidente Trump invoca ley de 1798 para acelerar deportaciones pero un juez federal lo bloquea de inmediato. pic.twitter.com/CPinZnMiWN
— Benjamín Zamora (@bzamoratv) March 16, 2025
La decisión de Boasberg responde a una demanda presentada el mismo día por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward. Las organizaciones acusan al gobierno de Trump de invocar ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros, reporta The Guardian.
En la demanda, la ACLU y Democracy Forward argumentaron que la ley solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos: la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
La demanda también dice que “No puede utilizarse aquí contra ciudadanos de un país —Venezuela— con el que Estados Unidos no está en guerra, no lo está invadiendo ni ha lanzado una incursión depredadora en el país…La proclamación del gobierno permitiría a los agentes embarcar inmediatamente a extranjeros en aviones sin revisar ningún aspecto de la determinación de que son enemigos extranjeros”.
En una audiencia remota ante Boasberg, tanto la ACLU como Democracy Forward pidieron que la orden de restricción temporal se amplíe a todas las personas en peligro de deportación según la ley, dijeron las organizaciones de libertades civiles.
Es ilegal invocar la ley de 1798 en tiempos de paz
Tras designar a la pandilla venezolana Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. Las organizaciones de libertades civiles como la ACLU temían que Trump invocara la ley de 1798 “ilegalmente en tiempos de paz para acelerar las deportaciones masivas, eludiendo los límites de esta autoridad en tiempos de guerra y los procedimientos y protecciones de la ley de inmigración”.
La ley, de 227 años de antigüedad, está diseñada para usarse principalmente en tiempos de guerra, y solo el Congreso tiene la autoridad para declarar una guerra. Sin embargo, el presidente sí tiene la discreción de invocar la ley para defenderse de una “invasión o incursión depredadora, ya sea amenazada o en curso”, según el Centro Brennan para la Justicia, una autoridad no partidista en derecho y política.
“Esta ley no debería invocarse porque la migración no es una invasión y no estamos en tiempos de guerra”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de defensa federal de United We Dream, una organización de derechos de los inmigrantes. “Es sumamente horroroso que a nosotros, como inmigrantes, se nos etiquete de terroristas, de invasores”.