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Una pareja de hispanos radicados en California fue sentenciada por explotar laboralmente y apremios ilegales a tres familiares. Las víctimas llegaron a los Estados Unidos engañadas con promesas laborales que nunca se cumplieron.
Nery y Maura Martínez son dueños de un restaurante de comida mexicana en el norte de California. También disponen de una pequeña empresa que se encarga de realizar limpiezas en las casas.
La Fiscalía federal del Distrito Este de California descubrió un secreto criminal detrás del éxito económico de la pareja de mexicanos. Empleaban en condiciones de explotación a tres migrantes indefensos, dos de ellos menores de edad, a cambio de una paga nula o inexistente.
Lamentablemente, la explotación laboral de inmigrantes es moneda corriente no solo en los Estados Unidos sino en el mundo entero. El Departamento de Justicia de EEUU advirtió que este tipo de prácticas laborales se incrementó tras el levantamiento de la cuarentena por coronavirus.
Explotaban a sus familiares
Nery y Maura Martínez convencieron a tres familiares de Maura para que dejaran Guatemala y se radicaran en California. Les prometieron trabajo reglamentado y un salario acorde con el puesto. De entrada, el trato era ilegal. Es que dos de esas personas que viajaron desde Centroamérica son menores de edad. El trío de víctimas se compone de una madre y sus dos hijas de 8 y 15 años.
Estas tres personas eran obligadas a trabajar durante todo el día. El pago era mínimo o inexistente. Cuando la mujer y madre de dos niñas reclamaba ante sus jefes, Nery y Maura la amenazaban con denunciarla con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La pareja de hispanos acusados amenazaba a las tres mujeres con una presunta deuda: el gasto en que ellos habían incurrido para tramitar los documentos migratorios. Todo se trataba de una gran mentira.
“Los acusados explotaron la vulnerabilidad de la víctima y de sus hijas, incluyendo su estatus migratorio, su falta de educación y por no hablar inglés”, indicaron desde la fiscalía.
Las mujeres eran obligadas a vivir en una casa rodante en ruinas. No tenían aire acondicionado, ni agua. Las niñas no podían acudir a la escuela, pues sus patrones les advertían que mostrarse en las calles era muy riesgoso debido a una posible redada del ICE.
La condena de un juez
La explotación laboral tuvo lugar entre septiembre del 2016 y febrero de 2018, cuando la fiscalía tomó cartas en el asunto. Esta semana, un juez sentenció a Nery con seis años de prisión y a su esposa con tres años de cárcel. Además, la pareja deberá purgar tres años de libertad condicional. Asimismo, deberán pagar una multa de 250 mil dólares en concepto de evasión de impuestos y les fueron rematadas sus propiedades, valuadas en 300 mil dólares, dinero que será utilizado para restituir a las víctimas de sus abusos.
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