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El sistema migratorio estadounidense esta, en la actualidad, rebasado en su capacidad de responder a la crisis de salud por la que atraviesa el país. Aunque la inesperada llegada de este virus ha tomado por sorpresa a todos los niveles gubernamentales, en el caso migratorio, la administración federal ha tomado un sin fin de medidas que demuestran su falta de sensibilidad y, aun mas importante, una falta de responsabilidad para lidiar con el problema eficientemente para proteger la salud de todos los involucrados.
Para comenzar, la administración Trump no se ha proclamado de una manera clara y consistente en relación con cómo resolverá el tema de personas que se encuentran en el país visitando, estudiando o trabajando. Muchos de ellos potencialmente podrían perder su estatus dado los límites que se han impuesto al poder viajar dentro y fuera del país. No se han dictado ninguna serie de medidas temporales para permitir estancias extendidas o para resolver tiempos de procesos extendidos.
El sistema migratorio también ha fallado en expedir reglas claras sobre las peticiones de trabajadores internacionales (en la agricultura, H1B etc.). Tanto trabajadores calificados, de la agricultura o profesionales no pueden recibir sus visas ya que consulados en países como México, están cerrados dada la situación de salud. El gobierno dictó algunas medidas en el caso de las visas H1B, pero en el caso de visas que requieren presentarse en los consulados de EE.UU., no ha dado ninguna dirección específica sobre cómo resolverá estas solicitudes. Obviamente, los que tienen visas aprobadas esperaran a que se normalice la situación, pero en casos como los de la agricultura, el gobierno no ha indicado cómo procesará las que aún no se han presentado, tema que tiene sumamente preocupado al sector. ¿Quién recogerá las frutas y verduras si no hay suficiente mano de obra?
Otro problema es del de las personas que son residentes de Estados Unidos y que se encuentran fuera del país en este momento. Las reglas migratorias dictan que un residente debe de permanecer consistentemente en el territorio de este país. Las reglas migratorias indican que si una persona residente está fuera del país por más de 6 meses puede ser procesada por abandono de su residencia, salvo en casos donde expresamente solicitaron previamente un permiso especial (como un caso donde alguien está estudiando o trabajando fuera del país por un periodo temporal de uno o dos años, pero tiene la intención de regresar). Por consecuencia es importante que todos aquellos residentes que se encuentran atrapados fuera del país traten de conseguir extensiones. Estas extensiones (I-131) típicamente se procesan dentro de Estados Unidos y cuestan hasta $660.00 de cuota. Actualmente, la ley migratoria no contempla qué se puede hacer en una situación como la que nos está ocupando y desafortunadamente la administración del presidente Trump no ha dictado ningunas medidas para sobre llevar este tipo de situación.
En materia judicial, la administración ha recibido muchísimas críticas -incluyendo a una inesperada alianza de jueces, fiscales y oficiales migratorios- que han indicado la falta de liderazgo para poder resolver los temas que presenta la crisis en el frente jurídico migratorio. Por ejemplo, la administración tardó semanas en decidir si iba o no iba a seguir con juicios de deportación en muchas ciudades del país, lo que causó confusión. En algunas ciudades la administración decidió cerrar las cortes migratorias mientras que, en otras, primero decidió seguir adelante con los juicios de deportación, pero a la vez cancelar las cortes preparatorias. La administración decidió detener los juicios de deportación sólo después de que la alianza de jueces, oficiales y fiscales se quejara abiertamente de que la administración estaba exponiendo la salud de dichos trabajadores al forzarlos a llevar a cabo estos procesos.
Ciertamente a muchos de los observadores del sistema nos parecía inconsistente y discriminatoria esta política de acción. Después de todo, sí las cortes federales estaban cerradas y las cortes de los condados de las ciudades más grandes del país estaban cerradas, era porque se ponía por delante la salud pública. Sin embargo, los juicios en el ámbito migratorio seguían, poniendo en riesgo, por cada uno de esos juicios, a los jueces, a los fiscales, a los intérpretes, y ni mencionar a los testigos y participantes.
Increíblemente, por el momento, los juicios de personas que se encuentran detenidas siguen adelante. La lógica es que estos procesos se llevan a cabo por medio de conferencia electrónica. Sin embargo, esta óptica no toma en cuenta que aun así estarían expuestos el juez, su equipo de trabajo, el fiscal y tal vez el abogado defensor (quien puede solicitar participar vía telefónica). Huelga mencionar las condiciones en centros de detención y las ramificaciones de salud para los miles de niños y adultos detenidos. Asimismo, deportar a estas personas no parece una emergencia.
¿Qué hacer? Este es el momento de consultar a organizaciones migratorias y abogados, para entender la situación de cada individuo. Los que están fuera del país deben movilizarse para encontrar ayuda, amigos o a familiares que les ayuden a por lo menos solicitar extensiones. Asimismo, las personas que se encuentran en el país como visitantes y estudiantes, deben solicitar dichas extensiones para tratar de salvaguardar su estatus. ¿Qué resultado tendrá? Estas estrategias -por lo menos- permiten a la persona presentar una defensa y demostrar su intención de cumplir, dentro de lo posible, con las reglas migratorias, aun en estos momentos de crisis.
¿Quién es el abogado Salvador Cicero?
Hola! soy Salvador Cicero. Ejerzo a nivel nacional como abogado de Migración, Derecho Civil y Negocios. Tengo mi firma Cicero Law Group, en Chicago Illinois. Soy autor y comentarista en medios como Univisión y Telemundo. Fui diplomático y miembro del Servicio Exterior Mexicano. También fui experto/capacitador de la OEA y fungi como profesor adjunto de derecho.
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