El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer en los últimos dos días que una pareja de nacionalidad venezolana y que actualmente son residentes de la Florida, fueron acusados de fraude al programa de ayudas para el COVID-19 dado por el gobierno estadounidense, así lo informaron por medio de un comunicado.
Ambos venezolanos quienes tenían TPS y residían en Dania Beach, han sido identificados como Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39 años de edad, quienes según el Departamento de Justicia han sido acusados de cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero, utilizando el programa de ayudas de COVID conocido como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), por una suma de $438.000 dólares, según informó la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
🛑Pareja venezolana con TPS acusada de defraudar al gobierno de EE. UU. con fondos del COVID-19, dijo el Departamento de…
Publicado por Mario J. Pentón en Martes, 29 de abril de 2025
Además, según la acusación, ambos presentaron documentos fiscales falsos y fraudulentos en las solicitudes, esto por medio de una empresa que controlaban Freddy Urribarri, como presidente y Mairilin Muñoz como vicepresidente de las solicitudes, inflando los ingresos y número de empleados de la empresa, según la fiscalía, así lo informó NBC Miami.
Una vez recibidos los fondos, crearon un plan para ocultar la naturaleza de los mismos y Mairilin Muñoz realizó transacciones financieras por más de $10,000 con los fondos del plan, según CBS 12.
En el comunicado del DOJ se lee:
Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la presentación de solicitudes falsas y fraudulentas del Programa de Protección de Nómina (PPP). Ambos acusados son ciudadanos venezolanos a quienes se les otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que les permitió permanecer temporalmente en Estados Unidos después de ingresar al país. Residían en Dania Beach, Florida, al momento de su arresto.
Según las acusaciones en la acusación formal y las declaraciones realizadas en audiencia pública, los acusados conspiraron entre sí para cometer fraude al presentar solicitudes falsas de préstamos PPP para obtener fondos de ayuda durante la pandemia de COVID-19, destinados a ayudar a los propietarios de pequeñas empresas con dificultades económicas a sobrevivir la pandemia. Los acusados presentaron dos solicitudes de préstamos para empresas unipersonales con documentación fiscal de respaldo falsa y fraudulenta. Urribarri y Muñoz también provocaron la presentación de una solicitud falsa y fraudulenta de préstamo PPP para FU&MM General Services, una empresa que controlaban como presidente y vicepresidente. La solicitud infló los ingresos y el número de empleados de FU&MM. El prestamista aceptó las declaraciones falsas y aprobó un préstamo de aproximadamente $438,000.
Una vez recibidos los fondos del préstamo, los acusados participaron en un plan para ocultar la naturaleza de los fondos. Muñoz también realizó transacciones financieras por más de $10,000 con el producto del fraude. Urribarri y Muñoz también presentaron documentos fiscales falsos y fraudulentos para respaldar una solicitud de condonación del préstamo PPP.
El fiscal federal Hayden P. O’Byrne, del Distrito Sur de Florida, y el agente especial interino a cargo, José R. Figueroa, del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), División de Campo de Miami, anunciaron los cargos.
HSI Miami investigó el caso. El fiscal federal adjunto Daniel Bernstein está a cargo.
Los cargos contenidos en la acusación formal son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General creó el Grupo de Trabajo para la Lucha contra el Fraude en el marco de la COVID-19 con el fin de reunir los recursos del Departamento de Justicia, en colaboración con agencias gubernamentales, para fortalecer los esfuerzos de lucha contra el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza la investigación y el enjuiciamiento de los principales actores criminales, tanto nacionales como internacionales, y asiste a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para la prevención del fraude mediante, entre otros métodos, el fortalecimiento e incorporación de los mecanismos de coordinación existentes, la identificación de recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y el intercambio y aprovechamiento de la información y los conocimientos adquiridos en iniciativas de cumplimiento anteriores.
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