En la madrugada del sábado 19 de abril, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Trump que no deportará a venezolanos de Texas que, según alegan, que pertenecen a pandillas. El tribunal no concedió ni denegó la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que suspendió el proceso, que afecta a personas actualmente detenidas en la jurisdicción del Distrito Norte de Texas. “Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal”, declaró la breve orden. Aquí puede leer la orden completa de la Corte Suprema, informa Politico.
La administración Trump estaba planeando una segunda ola de inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Pero después de que los abogados acudieron a la corte y alegaron que la administración estaba a punto de enviar a docenas o cientos de detenidos a El Salvador en desafío a un fallo anterior de los jueces.
El viernes por la tarde, al menos un autobús chárter llegó al Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, una ciudad a unas 200 millas al oeste de Dallas, donde los hombres están detenidos. Resulta que el gobierno de Trump busca deportar a los hombres, quienes, según afirman, pertenecen a la pandilla Tren de Aragua. Pero existen dudas sobre si el gobierno tiene la autoridad para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a pandilleros fuera de una situación de guerra y si las decisiones sobre la pertenencia a pandillas son precisas.
Los demandantes “solamente piden que este tribunal preserve el statu quo – que se refiere al estado actual de las cosas, la situación existente en un momento determinado- para que los miembros propuestos de la clase no sean enviados a una prisión de mala reputación en El Salvador antes de que el sistema judicial estadounidense pueda brindarles el debido proceso”, escribieron sus abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la presentación ante la Corte Suprema.
La acción de la Corte Suprema sigue a una decisión del 7 de abril en la que el tribunal dejó en claro que a cualquier persona que el gobierno quiera deportar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros se le debe dar la oportunidad de impugnar la decisión mediante peticiones de hábeas corpus, significa derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue legal o ilegal.